Igualdad y Justicia comprobaron «en varias reuniones» que habría rebajas de pena pero aprobaron la ley

Los ministerios de Justicia e Igualdad constataron «en varias reuniones» que la ley del sólo sí es sí rebajaría las penas a los agresores sexuales. Aún así, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobó la norma en julio de 2021, permitiendo que iniciase su tramitación parlamentaria.

Tras meses negando esa posibilidad, la delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, admitió en abril que el Gobierno conocía que la ley beneficiaría a los agresores sexuales. En concreto, Rosell señaló en una entrevista radiofónica que un equipo del Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo había realizado una simulación sobre el impacto de la nueva legislación, concluyendo que un 2% de condenas serían revisadas. «Las más leves», precisó.

Ahora, en una respuesta por escrito a OKDIARIO, Igualdad confirma que sabía que la ley rebajaría las penas y explica que «en varias reuniones» con Justicia «se realizaron esas comprobaciones», lo que atestigua que el asunto se estudió de forma minuciosa.

«Labor exhaustiva»

«En esa exhaustiva labor realizada durante la tramitación del proyecto de ley, y precisamente para equilibrar la mejora del sistema, con el cambio de paradigma al del consentimiento afirmativo, y a su vez evitar revisiones de condenas firmes anteriores, a lo largo de las negociaciones se estudiaron las posibles revisiones de condena en decenas de supuestos», explica el departamento de Irene Montero.

Igualdad indica, en una clara crítica a los jueces, que «la comparación punitiva» se realizó «con las normas completas de una y otra ley, no troceando preceptos de la ley para aplicar los más favorables al reo de una y otra».

La conclusión de estos trabajos fue que «no habría más de un 2% de revisiones de condena, en fase de ejecución, y en todo caso en supuestos menos graves, sin aplicación de agravantes o bien en casos de tentativa de agresión o abuso sexual».

«Estos análisis de casos», dice Igualdad, «se llevaron a cabo en reuniones presenciales conjuntas de los equipos de los ministerios coproponentes del anteproyecto de ley». En su pregunta, este periódico solicitaba los «informes internos o documentos» en los que se recogiesen dichas evaluaciones.

Pena «excesiva»

En su respuesta, Igualdad tacha además de «excesiva» la pena de 15 años para el delito de violación. El ministerio de Montero explica que «la parte penal» de la ley «fue minuciosamente estudiada por el equipo de asesores del Ministerio de Justicia, formado por profesionales de alta cualificación en Derecho Penal, procedentes de la magistratura, la Fiscalía y la docencia universitaria».

Según su relato, «la propuesta de penas fue variando con el tiempo durante la tramitación, renunciando a las propuestas de reducir las penas máximas de 15 años para víctimas adultas, que es la misma pena establecida para el homicidio y que era considerada excesiva por muchas voces expertas y a nivel europeo».

«El mantenimiento de las penas máximas», añade, «tuvo como efecto la ampliación de las horquillas de penas, ya que las mínimas se reducían», reconocen en su respuesta. Esa ampliación de las horquillas penales, al unificar los delitos de agresión y abuso sexual, ha acabado provocando la rebaja de condenas a más de 1.000 agresores sexuales, por el momento. De ellos, 108 ya han sido excarcelados, según los datos más recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).